La Nueva EPS atraviesa una crisis que afecta directamente la vida y la salud de más de 11 millones de personas en Colombia, y en especial las de quienes padecen patologías huérfanas definidas por la ley 1392 de 2010 como crónicas, debilitantes y potencialmente mortales, cuya atención especializada no puede interrumpirse sin consecuencias graves.
Según un informe de la Contraloría, la entidad acumula deudas que superan los 21 billones de pesos. Se trata de un aumento del 198% en relación con diciembre de 2022, cuando rondaba los 5,4 billones de pesos.
Este déficit ha afectado directamente la prestación del servicio de salud y tiene en vilo a miles de pacientes, quienes no han podido ser atendidos ni recibir sus medicamentos. Clínicas de referencia como la Fundación Cardiovascular, la Clínica Universitaria Bolivariana y el Hospital Universitario de Caldas han suspendido servicios por falta de pago, dejando a miles de afiliados sin atención.
Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas ENHU –que reúne a 33 organizaciones de pacientes a nivel nacional– explicó que la crisis se traduce en barreras para los afiliados y beneficiarios, quienes están recibiendo sus tratamientos con unas intermitencias muy prolongadas. “La falta de continuidad deteriora la salud de los pacientes, afecta la calidad de vida propia y la de sus familias por la incertidumbre que atraviesan, además de poner en vilo sus resultados en materia de salud” señaló.
El caso de la EPS más grande del país también está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta una investigación sobre un presunto esquema de desfalco que operó entre 2012 e inicios de 2024. De acuerdo con el expediente, durante años se alteró la contabilidad de la entidad para presentar utilidades ficticias, ocultar la facturación de clínicas y hospitales y garantizar el desembolso de fondos por parte de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES. Con esta operación, mientras la entidad garantiza su operación frente al Estado, crecieron exponencialmente sus deudas con los demás actores del sistema.
En 2024 las tutelas contra la entidad crecieron un 29%. Se han reportado filas masivas, desabastecimiento de medicamentos e incluso fallecimientos. En julio de este año, un adulto mayor falleció mientras esperaba para recibir sus medicamentos en un dispensario de la Nueva EPS en Neiva.
Aunque la Nueva EPS en general ha estado dispuesta a hablar con organizaciones de pacientes, no se perciben medidas para mejorar la situación. Para Salazar, muchos de los proveedores a los que se les adeudan recursos podrían recibir giros directos, pero esta opción no se está contemplando. “Aunque la EPS dice tener soluciones a las problemáticas de los pacientes, la realidad es que no hay medidas inmediatas que permitan que las personas con enfermedades huérfanas retomen sus tratamientos y sean atendidas todas sus necesidades en salud. Vemos que la crisis se va a agudizar generando más caos y más inestabilidad para los pacientes. Por la magnitud de Nueva EPS su crisis no es un problema aislado, sino un riesgo sistémico para todo el modelo de salud en Colombia”, advirtió.
