La Superintendencia de Indusctria y Comercio SIC anunció eque abrió una investigación administrativa contra la empresa administradora del complejo turístico de la Catedral de Sal de Zipaquirá por una conducta que en el derecho de la competencia se conoce como “venta atada”.
Se trata de un engaño o una obligación que la Catedral de Sal hace con todos los turistas que quieren conocer la historia del sitio religioso. Se les obliga a comprar un paquete minimo de $75.000 que aunque no alcalce a recorrer todas las estaciones del Santuario, no tendrá devolución, ni podrá comprar un tiquete más barato, como es ir a conocer y luego asistir a la misa. A eso se refiere el término que utiliza la Superintendencia.
De acuerdo con la superintendencia, entre esos servicios están: visitas guiadas dentro de la Catedral, acceso a internet, entrada a la Casa Museo Quevedo Zornoza, entrada al Museo Arqueológico de Zipaquirá y transporte en el tren de salida.
El problema no es que esos servicios existan. El problema, según la entidad, es que no hay forma de comprar solo la entrada. El visitante está obligado a llevarse el paquete completo, aunque no tenga ningún interés en el museo arqueológico o en el internet. Eso, según la SIC, le quita libertad de elección al consumidor y le hace pagar por cosas que no necesariamente quiere.
Las pruebas recopiladas durante la etapa preliminar de la actuación, la SIC encontró un dato que refuerza su hipótesis: aproximadamente solo el 50% de los turistas que adquieren esos pasaportes termina usando efectivamente los servicios adicionales incluidos. Es decir, uno de cada dos visitantes paga por servicios que no aprovecha.
Para la entidad, esa cifra es una señal clara de que dichos servicios no son indispensables para visitar la Catedral y que su inclusión obligatoria en el precio no responde a una necesidad real del turista, sino a una decisión comercial del operador que podría estar distorsionando la libre competencia y afectando el bolsillo de los consumidores.
La «Navidad» se le adelanta a la administración precisamente cuando llega la Semana Santa; porque los feligreses quieren por vocación religiosa asistir, así se les impoga un costoso pasaporte para ingresar. Y si a eso le sumamos los peajes, gasolina y otros gastos adicionales, el turista creyente tendrá que presupuestarse con un promedio de $250.000 por persona.
