Criminalización de estudiantes en Colombia

Los jóvenes estudiantes colombianos han sufrido durante los últimos 22 años (desde 2020 hasta 2022) la estigmatización y persecución por parte del Estado y grupos paramilitares, a causa de sus posturas políticas o su activismo social. Esto lo relevó la reciente investigación de la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano llamada ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’.

Los datos, casos y testimonios de esta investigación tienen como fuente principal las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, estos indican que, entre los años 2000 y 2022, se abrieron aproximadamente 10.931 procesos judiciales a jóvenes entre 15 y 26 años por delitos como rebelión (9.486 casos) y terrorismo (1.445 casos). De hecho, del total de casos, el 42 % se encontró en etapa de instrucción, el 34 % en indagación y un 5 % en investigación preliminar; es decir, el porcentaje más alto de los casos no llegó a una investigación. A juicio solo llegó un 5 % y a ejecución de pena el mismo porcentaje.

No deja de llamar la atención que, del total de jóvenes procesados por rebelión y terrorismo, la mayoría (8.216 casos) ocurrieron entre el 2000 y 2011, periodo en el que comenzó la implementación y se estableció la llamada seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe; mientras que, para el periodo de 2012 a 2018 fueron 2.225 casos y del 2019 a 2022 fueron 460. Además, en la investigación se evidenció que los estudiantes hombres han sido los mayores imputados, con 8.769 casos; frente a los 2.161 casos de mujeres.

“En 22 años el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95 % del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que aún esperan un fallo o que fueron declarados inocentes. Cabe anotar, además, que, aunque esta cifra es aterradora y elocuente, no refleja la verdadera dimensión del fenómeno”, aseguró Lizeth León, periodista que trabajó de la mano con los estudiantes investigadores del Politécnico Grancolombiano. Se señaló que estas historias suelen ser vistas como hechos aislados o representaciones exclusivas de una de estas tipologías, pero pueden estar conectadas.

Cifras alarmantes frente a esta problemática

La concepción misma del delito de rebelión y su tránsito discursivo al de terrorismo llama la atención. Según el Código Penal, incurrirán en rebelión “los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente”. Se trata de un delito político que no penaliza el uso de las armas en sí mismo, sino su finalidad.

Esto explica el porqué de los 3.491 casos de rebelión examinados entre 2000 y 2018, en los que se encuentra información sobre los supuestos vínculos de los jóvenes con grupos armados (5.791 no registra información sobre el grupo armado), solo 17 aparecen vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 2 con las Bacrim y 2 con otros grupos paramilitares. En el periodo 2019-2022, de 212 casos por rebelión, 150 aparecen sin información del grupo armado, 45 vinculados con el Ejército de Liberación Nacional, 6 con otros grupos armados organizados de los que no hay referencia, y 3 con lo que en las bases de datos entregadas por Fiscalía nombran como “otras guerrillas”. No hay mención a grupos paramilitares como sí ocurre con los casos revisados entre el año 2000 y 2018.