IPSOS: El 94 % de los empresarios han dejado de participar en procesos de contratación pública

La consultora internacional IPSOS dio a conocer los resultados de su estudio “Corrupción y transparencia en contratación pública” elaborado para el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE).

El objetivo de la investigación es construir una Hoja de Ruta Anticorrupción donde se pueda ofrecer un tipo de contratación público-privada más transparente en la región Andina Norte, a través de una metodología deliberativa en la cual participen activamente empresarios y empresarias de Colombia, Perú y Ecuador. Para ello se inició por realizar una encuesta a 2.250 pequeños, medianos y grandes empresarios/as de estos países, que ejercen en los sectores de manufactura, servicios y comercio, quienes en los últimos cinco años han participado en procesos de licitación con el Estado.

De acuerdo con los resultados de la encuesta se evidenció un aumento significativo en la percepción de corrupción a alto nivel, es decir, en la política nacional y los grandes sobornos en los dos últimos años: En Colombia el 70 % de los encuestados consideran que la corrupción aumentó, en Ecuador el 65 % y en Perú el 66 %.

Al profundizar en las causas del soborno entorno a procesos de licitación, en el caso de Colombia (33%) los empresarios encuestados consideran que el empleado público es quien solicita o insinúa un pago. En contrariedad, el 42 % piensa que con mayor frecuencia saben con anterioridad con qué modalidad y cuánto se debe pagar y, el 9 % considera es la empresa quien se ofrece a pagar sobornos para ganar licitaciones.

Ante la pregunta: ¿Cree usted que las compañías con las que usted compite se hacen las de la vista gorda, o ignoran conductas éticas para lograr los objetivos generales de la empresa? El 82 % de los empresarios colombianos consideran que la mayoría de las compañías del país ignoran las conductas éticas, con el fin de lograr sus objetivos en estos procesos.

El 83 % de los encuestados en Colombia seguido por Ecuador (82%) y Perú (78%). Así mismo, el 92 % de los colombianos consideran estar en desacuerdo ante la pregunta: si consideran que no se les debe sancionar a los funcionarios corruptos, pues esto genera más corrupción.

Ante la necesidad de denunciar y combatir la corrupción en Colombia, el 64 % indicó una baja probabilidad de que las empresas incurran en hechos de corrupción donde sean investigados, 70 % ve poco probable sancionar a los funcionarios públicos para que no vuelvan a ejercer sus cargos, por último, el 71 % considera nulas las posibilidades de sanciones o condenas para los empresarios participantes en actos de corrupción.