INVITADA ESPECIAL
Lilia Solano – Filósofa –, con maestría en Ciencia Política y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y a la denuncia de las violencias estructurales en Colombia.
Su trayectoria se ha tejido desde una ética firme y una convicción profunda por la justicia social, acompañando procesos de base y luchas por la dignidad de los sectores históricamente marginados del país.
Como viceministra del Diálogo Social, la igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, impulsó una gestión basada en el diálogo, la escucha activa y la concentración con comunidades marginadas, consolidando puentes entre el Estado y la ciudadanía desde el conocimiento territorial.
Después de su tiempo en el Ministerio del Interior, asumió la Dirección de la Unidad para las Víctimas, donde continuó su compromiso con la reparación integral, la memoria y la dignificación de las víctimas.
Recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, por su trayectoria y defensa de los derechos humanos.
Ahora quiere volver al Congreso de la República aspirando a una curul en el Senado por el Pacto Histórico.
Para el año 2024, el porcentaje de inversión social en Colombia, que incluye salud, educación, sanidad y vivienda, representó aproximadamente el 12.5% del PIB, valor que es superior al promedio latinoamericano (10%), pero que está por debajo del promedio de los países que conforman la OCDE.
El objetivo de mantener un piso de inversión social en áreas fundamentales como la salud, la sanidad, la educación y la vivienda es esencial para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la sociedad. Este enfoque subraya la importancia de invertir de manera continua y sostenida en servicios básicos que son cruciales para la calidad de vida de todas las personas.
En primer lugar, la inversión en salud y sanidad es vital para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a atención médica de calidad. Un sistema de salud robusto y bien financiado no solo mejora la esperanza y la calidad de vida, sino que también fortalece la resiliencia de la sociedad ante crisis sanitarias, como pandemias y otras emergencias de salud pública.
La educación es, en segundo lugar, otro pilar fundamental de la inversión social. Garantizar el acceso a una educación de calidad para todas y todos fomenta la igualdad de oportunidades y permite que cada individuo desarrolle su potencial al máximo. La educación no solo es un derecho humano básico, sino que también puede ser un motor clave para el desarrollo económico y social, ya que una población educada y crítica es más capaz de innovar, adaptarse y contribuir al progreso de la sociedad.
La inversión en vivienda, en tercer lugar, es igualmente crucial. Asegurar que todas las personas tengan acceso
a una vivienda digna es fundamental para la estabilidad y el bienestar de las familias. Una vivienda adecuada
proporciona seguridad, privacidad y un entorno propicio para el desarrollo personal y familiar. Además, la inversión en vivienda puede tener efectos multiplicadores en la economía, generando empleo y estimulando la actividad económica en sectores relacionados.
