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En un escenario donde la integridad y la transparencia deben ser pilares fundamentales de cualquier administración pública, las revelaciones de irregularidades de los gobernantes sacuden la confianza de los electores, cada día con más fuerza. Casos de corrupción, mal manejo de fondos y prácticas nepotistas (ayuda a familiares y amigos) como diría Octavio Paz, visten de sombra a la gestión pública en Colombia, América Latina y muchos países del mundo.
La crisis de legitimidad que está viviendo el Estado colombiano es resultado de procesos históricos y exige, sin más aplazamientos, cambios estructurales en la manera de gestionar los recursos públicos.
Cifras recopiladas por la Academia de la Gestión Pública, indican que el 62% de los gestores públicos no son abogados, sin embargo, generalmente son abogados quienes elaboran las normas, investigan conductas, juzgan y sancionan.
Acá viene una primera bandera roja para los nuevos gobernantes: el desconocimiento de las normas no los exime de su cumplimiento; es clave que se preparen para asumir el nuevo reto y que conformen equipos con conocimiento y capacidad de decir -no- a cualquier tentación. Los nuevos gobernantes deben saber que 4.320 servidores públicos han sido sancionados disciplinariamente en los últimos 6 años; conocer cuáles son los errores más comunes de los gestores públicos es indispensable para evitarlos.
Sandra Avellaneda Avendaño, abogada experta en prevención de riesgos penales, fiscales y disciplinarios y Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública (AGP) es enfática en sus planteamientos al asegurar que “Colombia es el único país del mundo en donde se penalizan con privación de la libertad errores administrativos”.
