INVITADO ESPECIAL
Daniel Guerra Zarama – Administrador Aeronáutico – egresado de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, Profesional en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en Alta Gerencia de la Universidad Mariana.
Daniel ha desarrollado una visión integral de país que combina la estrategia, la innovación y la sensibilidad social. A lo largo de 14 años ha recorrido un camino que lo ha llevado de las operaciones de seguridad nacional como oficial de la Fuerza Aérea Colombiana a la dirección de procesos estratégicos en el sector público y privado.
En el ámbito militar, participó en operaciones históricas contra estructuras armadas ilegales como las FARC y el ELN, además de proyectos de ingeniería para el despliegue de plataformas aéreas no tripuladas en zonas de conflicto. Su papel en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del proceso de paz, en colaboración con la ONU dejó huella en departamentos como Cauca y Nariño, posicionándolo como un actor clave en escenarios de reconciliación y posconflicto.
Como empresario, Guerra ha impulsado iniciativas de alto impacto como SUR SALUD E-HEALTH, empresa pionera en telemedicina con respaldo de firmas norteamericanas; D&J Company, que integra la cadena de valor del café con enfoque exportador; y TO DRONE S.A.S, con la que ha liderado el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en drones, al servicio de la infraestructura y la población más vulnerable.
El acceso a drones en Colombia dejó de ser un asunto especializado. Hoy, cualquier persona puede adquirir uno con relativa facilidad, lo que ha transformado tanto industrias como riesgos.
“Los drones han democratizado la aviación… hoy la han hecho accesible para todos”, explica Daniel Guerra, experto piloto de drones y exoficial de la Fuerza Aérea.
Esa democratización tiene una doble cara. Según cifras de la Aeronáutica Civil, en Colombia ya existen miles de drones registrados, pero el número de dispositivos en circulación —especialmente los no registrados— es significativamente mayor.
El crecimiento supera la capacidad institucional. El Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 100) establece normas de operación, pero su cumplimiento es limitado, especialmente en entornos urbanos.
“Entre más democrático y más popular sea eso, más personas pueden acceder a él para darle un buen o un mal uso”, advierte Guerra.
El riesgo no es teórico. Un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) señala que los drones representan uno de los principales desafíos emergentes para la seguridad aérea y urbana, debido a su bajo costo y facilidad de modificación.
En Colombia, ese riesgo ya tiene manifestaciones concretas en zonas de conflicto. De acuerdo con reportes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales han incorporado estos dispositivos en sus estrategias, especialmente en regiones como Cauca y Nariño.
“Las amenazas son reales… el nivel de vulnerabilidad de las principales ciudades frente a ataques con drones es total; es perfectamente factible que ocurran”, afirma Guerra.
La barrera de entrada es mínima. “Es muy sencillo… Cualquier persona puede acceder a comprar uno… montarle un arma y hacer daño a la ciudadanía”, agrega el experto.
¿Colombia perdió la ventaja?: regulación débil y una carrera tecnológica desigual
El problema no es solo el acceso, sino la falta de respuesta. Colombia, que fue pionera en el uso de drones en América Latina, hoy enfrenta un rezago frente a actores ilegales.
“A día de hoy las fuerzas militares y de policía no están preparadas para revertir los efectos de la avanzada terrorista con los drones”, señala Guerra.
Este diagnóstico coincide con tendencias globales. Según el International Institute for Strategic Studies (IISS), los drones se han convertido en una herramienta clave en conflictos modernos, debido a su bajo costo frente a sistemas tradicionales de defensa.
En Colombia, el problema se agrava por la falta de desarrollo industrial propio. “Durante muchos años las fuerzas militares de Colombia tenían la ventaja en la tecnología drone y la perdieron… y ahora ya los grupos al margen de la ley avanzan en la materia”.
Mientras tanto, la respuesta estatal se enfoca en la compra de tecnología extranjera, una estrategia que, según el experto, puede ser ineficiente frente a la velocidad de innovación.
La literatura internacional respalda esa preocupación. Estudios del Center for the Study of the Drone (Bard College) han documentado cómo las tecnologías antidrones quedan rápidamente obsoletas frente a adaptaciones simples y de bajo costo.
A esto se suma un vacío estructural en regulación. “El principal vacío de la regulación colombiana es que no es propia, sino reactiva; sigue siendo incipiente”, explica Daniel Guerra.
El país, dice, reacciona tarde: “Estados Unidos actualiza su regulación y Colombia viene y la copia dos o tres años después… todo eso está mal”.
En medio de ese escenario, el rol del ciudadano también es clave. La falta de conocimiento puede convertir a usuarios comunes en riesgos potenciales.
